El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos con el que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito histórico que estableció, por primera vez, un marco común de principios destinados a reconocer la dignidad inherente a todas las personas. Este documento, nacido tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una brújula ética y jurídica para los Estados, recordándonos que la humanidad sólo avanza cuando se protege la libertad, la igualdad y la justicia.
En el caso de Chile, el compromiso con los derechos humanos ha sido un camino complejo, marcado por avances relevantes, pero también por profundas heridas históricas. El Estado tiene el deber ineludible de garantizar, promover y respetar estos derechos, velando porque nunca más la vulneración de la vida, la integridad o las libertades fundamentales formen parte de nuestra realidad. Sin embargo, persisten deudas: la búsqueda de verdad y justicia plena para las víctimas de violaciones pasadas, la protección efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la necesidad de fortalecer la institucionalidad que resguarda los derechos de grupos históricamente postergados.
Dentro de este proceso, la defensa de la democracia se vuelve inseparable de la defensa de los derechos humanos. Una democracia sólida requiere instituciones transparentes, ciudadanía activa, pluralismo, respeto por la diversidad y un compromiso permanente con el diálogo. La historia nos ha enseñado que cuando la democracia se debilita, los derechos humanos se vuelven vulnerables. Por ello, fortalecer la vida democrática es una tarea colectiva y continua, que exige vigilancia, participación y responsabilidad cívica.
Como parte de su compromiso con los estándares universales, Chile ha ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (10/02/1972)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (10/02/1972)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (21/08/1990)
Convención contra la Tortura (CAT) (30/09/1988)
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (07/12/1989)
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (13/08/1990)
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (29/07/2008)
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) (20/10/1971)
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (08/12/2009)
Para el caso de las ratificaciones de los años 71 y 72, después de 1973, el régimen dictatorial no denunció ni retiró la ratificación, por lo que Chile siguió siendo Estado Parte. Sin embargo, en la práctica, la dictadura militar restringió derechos fundamentales y no cumplió plenamente con las obligaciones internacionales asumidas.
Estos instrumentos forman parte del ordenamiento jurídico chileno una vez que han sido aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente. De esta forma, obligan al Estado en su conjunto, no al gobierno de turno. Además, la jurisprudencia y la práctica institucional chilena reconocen que los tratados poseen una jerarquía superior a la ley, lo que implica que ninguna normativa interna puede contradecirlos.
Gracias a ello, los estándares internacionales actúan como un piso mínimo de protección, que no puede ser rebajado por cambios políticos, coyunturales o ideológicos. En otras palabras: los derechos humanos no se someten a mayorías circunstanciales, sino que forman parte de compromisos permanentes que trascienden gobiernos.
En este marco, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumple un rol esencial como articulador de políticas públicas destinadas a asegurar que los principios de la Declaración Universal se traduzcan en acciones concretas. Su labor es clave para promover la educación en derechos humanos, potenciar los mecanismos de reparación, impulsar reformas legales y consolidar una cultura estatal orientada a la dignidad humana.
Como sociedad, enfrentamos desafíos cruciales: erradicar la discriminación, fortalecer la convivencia democrática, combatir la desinformación, promover el respeto mutuo y consolidar una ciudadanía activa que conozca y defienda sus derechos y los de los demás. Estos desafíos no solo demandan políticas públicas, sino también un compromiso ético y moral de cada persona.
Mirando hacia el futuro, las nuevas generaciones emergen como protagonistas fundamentales. Son quienes heredarán las instituciones, el legado democrático y los desafíos éticos de nuestra época. Su capacidad para cuestionar, innovar, movilizarse y exigir mayor justicia social es un motor indispensable para avanzar en la consolidación de una cultura de derechos humanos. Por eso, es esencial brindarles herramientas, espacios de participación y una educación que fomente el pensamiento crítico, la empatía y la responsabilidad ciudadana. En sus manos se encuentra la posibilidad de construir un país más justo, más libre y más fraterno.
En este sentido, los principios que la masonería ha sostenido históricamente —la libertad de conciencia, la igualdad esencial entre los seres humanos, la fraternidad como base de la vida social y el progreso intelectual y moral— resuenan con especial fuerza. Ellos nos recuerdan que la defensa de los derechos humanos no es un ejercicio abstracto, sino una tarea permanente que exige rectitud, voluntad y humanismo.
En este Día de los Derechos Humanos, renovamos nuestro compromiso con la dignidad, la justicia y la libertad, entendiendo que solo una sociedad que respeta plenamente los derechos de todas las personas puede aspirar a un futuro verdaderamente democrático y fraternal.
Escrito por Paola Ramírez Muñoz, Departamento de Género GLFCH.
(Fuentes: Biblioteca Congreso Nacional, Amnistía Internacional Chile, Biblioteca de DDHH, bases de datos de órganos de tratados de la ONU, manual de Derecho Internacional Defensoría Penal Pública).
