Cada 28 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, instaurado en 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en San Bernardo, Argentina. La fecha surgió como respuesta a la elevada mortalidad de mujeres y niñas causada por abortos inseguros, y desde entonces se ha consolidado como un hito internacional respaldado por organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos. Su objetivo es subrayar que el aborto seguro es un asunto de salud pública y un derecho humano esencial, vinculado a la autonomía y la dignidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi la mitad de los abortos en el mundo son inseguros (25 millones al año), constituyendo una de las principales causas de muerte de mujeres en edad reproductiva. América Latina y el Caribe concentran algunos de los índices más altos debido a sus legislaciones restrictivas: cinco países (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) lo prohíben en todas las circunstancias, mientras que otros cinco (Argentina, Colombia, Cuba, México y Uruguay) han avanzado en su legalización parcial o total.
En Chile, tras casi tres décadas de prohibición absoluta, el escenario cambió en 2017 con la promulgación de la Ley N.º 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de violación. Desde su implementación en 2018 hasta 2025, 6.249 mujeres se acogieron a esta ley, de las cuales el 85% interrumpió efectivamente su embarazo (5.324 procedimientos). De ellos, 1.568 correspondieron a riesgo vital, 2.309 a inviabilidad fetal y 1.447 a violación, incluyendo 425 menores de 18 años, 223 de ellas menores de 14 años. Un dato clave es que no se han registrado muertes asociadas a abortos realizados en el marco de esta ley, lo que demuestra que el acceso seguro protege la vida y la salud.
Como masonas, relevamos esta fecha porque representa la defensa de la libertad, la igualdad y la justicia social, principios que guían nuestro quehacer. La Masonería Femenina ha promovido históricamente la educación, la laicidad y la emancipación de las mujeres, y entiende que negar el derecho a decidir perpetúa desigualdades y condena a las más vulnerables a la marginación y al sufrimiento evitable.
El aborto no es un dilema abstracto: atraviesa la vida de miles de mujeres. Reconocerlo como derecho no significa promoverlo, sino garantizar que quienes lo requieran puedan acceder a él de forma segura, digna y acompañada. Sabemos que existen diversas miradas y que este es un debate aún abierto en el país. Para nosotras, lo esencial es que se respete la decisión de cada mujer y lo afirmamos desde la libertad de conciencia: lo que defendemos es la posibilidad de elección, porque sin ella no hay verdadera autonomía ni justicia social.
Escrito por Ximena Burboa del Canto.
Departamento de Género GLFCH.
