Este 26 de agosto se cumple un siglo desde la entrada en vigencia de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria que obligaba a los padres a enviar a sus hijos a estudiar hasta cuarto básico. Cien años en que hemos andado un camino que nos ha llevado desde cuatro años de educación obligatoria hasta los actuales 12 años, más un proyecto de ley que pide extenderlo a 13 años considerando la enseñanza pre-básica obligatoria para todas y todos los niños y niñas de nuestro país.
¿Cómo se estructura este hito? Ya en 1860, durante el gobierno de Manuel Montt, se promulgó la Ley de Instrucción Primaria, el primer gran objetivo educacional de nuestro país, que habló de cuatro años de escolarización para todos los niños y niñas. No obstante, ya en 1900 se hablaba del problema de las “salas vacías”. Si bien el número de escuelas y preceptores aumentaban, la importancia que tenía la mano de obra infantil en cada familia pobre impedía que estos fueran al colegio.
En noviembre de 1907 se realizó el Sexto Censo General de la República de Chile, arrojando resultados lapidarios en este sentido. Para evidenciar el avance «cultural» del país, se preguntó a la población por su nivel lector: el 51,6% de la población declaró saber leer, mientras el 48,4% permanecía analfabeta. Y respecto de los niños entre 5 y 15 años, el análisis de las cifras mostró que solo el 17% de ellos asistía a clases.
Cabe señalar que el gran impulsor de esta Ley fue el Partido Radical, que en ese entonces se oponía a la subvención que el Partido Conservador conseguía para los colegios católicos, en desmedro de la educación laica. Finalmente, el 26 de agosto de 1920, luego de 18 años de tramitación, se promulga la ley que establece que el Estado garantizaría a cada niño y niña el acceso gratuito a los centros educacionales y velaría por que se cumpliera esta normativa. Para ello se definió que padres y apoderados tenían la obligación de que sus hijos y pupilos «frecuenten durante cuatro años a lo menos y antes que cumplan trece años, un establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o particular» (Ley N° 3654, 1920: 3- 4)
Asimismo, la ley establecía que en toda comuna debía haber una escuela primaria para cada género por cada mil habitantes. Mientras que en aquellas comunas donde no hubiese necesidad de nuevas escuelas elementales, la municipalidad debía mantener una de adultos.
En los casos del mundo rural, donde aún vivía dispersa buena parte de la población, obligó a los dueños latifundistas a crear escuelas con recursos propios y lo mismo determinó para los campamentos mineros y fábricas, que reunieran determinada cantidad de personas. Si estos privados no cumplían la ley, serían multados económicamente.
Es así como, cuando Chile ya había celebrado sus primeros 100 años de vida independiente, la Ley de Instrucción Primaria parecía cumplir con la deuda que el Estado tenía con la educación de sus ciudadanos. Al respecto, Gabriela Mistral escribía “Es en las aldeas donde se siente más imperiosa la necesidad de la Instrucción Primaria Obligatoria. Los padres de familia, en su mayoría rústicos, no quieren privarse durante unos pocos años del trabajo de sus hijos, ni convencerse de que la instrucción es tan necesaria a su ser moral e intelectual como la salud a su ser físico. De ahí que, a pesar del favor que se concede a la educación popular, el número de analfabetos es enorme, lo cual hace poco honor al rango intelectual de un país”.
El 29 de agosto, el centro de Santiago vivió durante todo el día la celebración por la publicación de esta ley. El desfile fue encabezado por el mismo Darío Salas, Inspector General de Instrucción Primaria; en el Palacio de La Moneda los marchantes fueron recibidos por el presidente Juan Luis Sanfuentes, ministros de estado y otra serie de autoridades.
La Gran Logia Femenina de Chile (GLFCH) hoy recuerda y rinde homenaje a los precursores de esta Ley porque fue el primer paso para sacar del oscurantismo no solo a las niñas y niños del país, sino también a la enorme población adulta analfabeta que existía en ese momento. Como masonas, sabemos que la educación es fundamental para el pueblo y para todo ciudadano, porque otorga oportunidades de crecimiento en equidad.
Nuestra Orden vela por la justicia, y no existe mayor justicia para un infante que tenga la oportunidad de abrir su mente en el contexto de una educación laica, pluralista, gratuita y de calidad. Nos queda mucho camino por recorrer, pero no debemos cejar. La diferencia la hacemos entre todos.
Adriana Aninat C.
Gran Maestra GLFCH
