El triunfo del NO en el plebiscito de octubre de 1988, instaló en la ciudadanía la esperanza de un Chile más fraterno, igualitario y libre que pudiese superar el oscuro camino de años de opresión e injusticia. Con arreglo a mantener y administrar el esquema socio-económico heredado de la dictadura, las nuevas autoridades fueron mimetizándose con sus principios y acciones hasta constituirse en sus protectores y ejecutores.
La frase “no son 30 pesos, son 30 años” sintetiza con extrema simpleza el sentimiento de los chilenos tras siete gobiernos democráticos.
Un gran número de chilenos y chilenas salieron a las calles manifestando igualdad ante la ley, denunciando que los casos como Penta, Corpesca y Cascadas no gozaran de vergonzosa impunidad; exigiendo fraternidad para que ser ciudadano no quedase restringido sólo a los privilegiados e igualdad para que cada persona no debiese depender de su abolengo o sus redes para desarrollar su existencia. Los sectores conservadores, en primera instancia, miraron peyorativamente el movimiento señalando que carecía de organización y luego de la masividad de concurrencia arguyeron vandalismo y anarquía.
Después de cinco años de la revuelta social, las demandas económicas y sociales siguen vigentes y se puede constatar que, para la clase política, el estallido nunca sucedió; los elementos de crisis son invisibles y a todas luces pareciera preferible obviarlos.
Antes del estallido, Chile tenía una fachada de instituciones independientes y probas; de poseer sistemas no corruptos ni funcionarios no venales; de tener una clase empresarial verdaderamente emprendedora y creativa; de tener una democracia representativa y progresista y un futuro nacional auspicioso de identidad común.
La realidad post estallido es que las instituciones carecen de mecanismo de control; que la corrupción está incrustada tanto en las personas como en los mecanismos de elección; que una parte importante del mundo empresarial se ha servido de los fondos previsionales de todos los chilenos para especular con sus negocios y proyectos y que nuestra democracia se sustenta en la firmeza del andamiaje de la economía.
El aspecto más relevante post estallido es la redacción y plebiscito de una Nueva Constitución para Chile que reemplazaría a la de 1980. El proceso concluyó con el rechazo de dos propuestas y la certeza que gran parte de la ciudadanía prefiere pagar la cuenta de su presente (AFP, ISAPRE, Consumo) a apostar por un proyecto político, social, de educación y cultura, salud y justica, que lo amedrentó tanto como para ser consecuente con su manifestación explosiva de la revuelta.
La Masonería Femenina, haciéndose parte de la situación expuesta, convocó a sus integrantes a reflexionar y proponer un proyecto de nuevo Chile en la instancia llamada “El Chile que soñamos”. El trabajo de las masonas está comprometido con generar pensamientos, palabras y acciones de una ética sistémica del bien común.
Por Minón Undurraga, Corresponsal Ailyn N°18, de Puerto Montt.
