La trata de personas es un delito y una grave violación de los derechos humanos de enorme envergadura, que se da en situaciones de vulnerabilidad. Cada 30 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas, una iniciativa propuesta por la Unesco que definió la Cultura de Paz como conjunto de actitudes, valores y conductas que se oponen rotundamente a la violencia y también tomar conciencia de las víctimas de trata de personas, promoviendo sus derechos, siendo un delito la explotación laboral y sexual de niños, mujeres y hombres.
En el 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha para visibilizar la necesidad de esfuerzos inclusivos para proteger principalmente la infancia entregando prevención, protección y persecución penal para los tratantes.
Es así, como en muchos países existen leyes que penalizan y brindan apoyo a las víctimas de estos abusos.
Tenemos a nivel mundial, organizaciones dedicadas a la lucha contra la trata de personas, ofreciendo asistencia a las víctimas y apoyando sus procesos para prevenir este delito.
Nuestro país no está ajeno a brindar este apoyo. Hace algunos años se creó un plan de trabajo que es parte de la política nacional contra la delincuencia organizada, considerando que la trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y considerada la esclavitud moderna porque vulnera los derechos y la libertad y dignidad de las personas, afectando su integridad física y psíquica.
La Organización Internacional del Trabajo estima que más de cuarenta millones de personas en el mundo han sido sometidas al trabajo forzoso y son víctimas de la trata de personas que se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, luego del tráfico de drogas y de armas.
Abordar este completo delito requiere del esfuerzo integral coordinado por la sociedad en conjunto con el Estado. En nuestro país se está trabajando con la Subsecretaría del Interior y en coordinación con instituciones del Estado, la sociedad civil y organismos internacionales en la prevención de esta vulneración, la persecución penal de los tratantes y el control del delito y también la reparación para sus víctimas.
Este grave y complejo delito representa un desafío para el mundo. Requiere un abordaje desde múltiples enfoques. El primero y más importante es fortalecer la protección de los derechos de las personas, en especial de los niños, los adolescentes, las mujeres, migrantes y refugiados, personas con discapacidad y otros grupos especialmente vulnerables.
Por Lorena Guerrero Pizarro, Corresponsal Logia Artemisa N°36 de Coquimbo.
