A propósito de la reciente noticia publicada por La Tercera el 18 de mayo de 2025, titulada “Ley Papito Corazón: han ordenado pagar $2,5 billones encontrados en bancos y AFP de deudores de pensiones de alimentos”, compartimos la siguiente reflexión desde una perspectiva de género, con énfasis en la justicia social y el reconocimiento al trabajo de cuidado no remunerado que históricamente han asumido las mujeres en Chile.
Investigaciones muestran que el 84% de las pensiones alimenticias decretadas por los tribunales de familia son incumplidas; en 9 de cada 10 casos, las demandantes son mujeres, y un 65% del total de personas que no reciben dicha pensión pertenecen a los sectores de menores ingresos de nuestro país.
La conocida Ley “Papito Corazón”, que alude a la Ley 21.484, ha sido una herramienta clave para el rescate de pensiones de alimentos adeudadas, mediante mecanismos como el retiro forzoso de cuentas bancarias y fondos previsionales.
Históricamente, las mujeres han sido las principales cuidadoras de hijos e hijas, muchas veces sin ningún apoyo económico por parte de los padres. Esta ley visibiliza y reconoce que la crianza y el cuidado tienen un valor económico y social, que no puede seguir siendo ignorado por el sistema. Representa un reconocimiento al trabajo y cuidado no remunerado de las madres.
Ordenar el pago de $2,5 billones (millones de millones) a favor de madres que han criado solas constituye una reparación parcial —aunque tardía— a una deuda histórica con las mujeres, quienes durante años debieron soportar en soledad la carga emocional y económica sin respaldo institucional suficiente.
Desde la equidad, esta ley representa un avance hacia la justicia de género: corrige una asimetría histórica. Anteriormente, el sistema judicial permitía que muchos padres eludieran el pago de pensiones sin enfrentar consecuencias reales. Hoy, la ley fortalece la responsabilidad parental y promueve el principio de corresponsabilidad en la crianza.
El pago efectivo de pensiones permite a muchas madres salir del círculo de precariedad, cubrir necesidades básicas de sus hijos e hijas y, en algunos casos, retomar estudios o reinsertarse laboralmente, lo que repercute directamente en su autonomía económica y en la ruptura de ciclos de pobreza y violencia económica.
Es fundamental seguir concientizando a las mujeres sobre sus derechos y los de sus hijos e hijas, generando un cambio de conciencia colectiva respecto de una paternidad responsable. A la vez, deben fortalecerse las instancias legales para que los padres que no cumplen sean identificados como deudores invisibles o esquivos, ya que muchos no figuran en el sistema formal, trabajan de manera informal, emiten boletas a nombre de terceros o simplemente evaden cualquier tipo de trazabilidad económica.
Desde una mirada de justicia y género, el desafío es crear mecanismos eficaces para evidenciar y sancionar estas formas de evasión de responsabilidades económicas y éticas, que afectan gravemente el bienestar de la niñez y recargan injustamente a las mujeres con la responsabilidad exclusiva de la crianza.
El sistema debe proteger no sólo los derechos económicos de los niños y niñas, sino también el bienestar de sus madres. Muchas no denuncian o desisten por agotamiento, desgaste emocional o temor a represalias. Un acompañamiento integral puede fortalecer su acceso a la justicia.
Departamento de Género GLFCH.
