La Gran Logia Femenina de Chile se ve en el doloroso deber de pronunciarse respecto del conflicto que se agudiza en la Región de la Araucanía, caracterizada por situaciones de violencia y racismo que una vez más ponen en evidencia la injusticia histórica que el Estado de Chile ha cometido con el pueblo mapuche.
Condenamos los hechos de violencia ocurridos en la zona, pero no es posible desconocer que transcurridos años, décadas, siglos, no parece existir una comprensión clara tanto en el Estado chileno como en parte de la ciudadanía, respecto del origen histórico de un proceso de segregación que se profundiza, ni tampoco de las legítimas aspiraciones y demandas de este pueblo que habitó la zona sur del país desde tiempos ancestrales. De hecho, en el lenguaje –que sabemos crea realidad– ya segregamos cuando hablamos “del conflicto mapuche” en consecuencia que consideramos debiese denominarse “del Estado de Chile con el pueblo mapuche”.
En Chile, más de un millón 700 mil personas se considera miembro de la comunidad mapuche. Ese solo hecho ya debería significar que todo lo concerniente a esa cultura devenga en un tema país, en especial porque visiblemente es hoy el grupo social más discriminado, pobre y marginalizado, en circunstancias que antes de la conquista española era una sociedad que vivía con calidad de vida, en armonía con el territorio y la naturaleza.
Asimismo, con posterioridad a los Parlamentos realizados hasta el siglo XIX y durante el inicio de la República, dicha comunidad disfrutaba de independencia y prosperidad económica, situación que se vio truncada a partir de la decisión del Estado chileno de “pacificar la Araucanía”, proceso que culminó con la reducción de sus territorios y la ocupación de gran parte de ellos mediante una política de colonización que significó una segregación de la comunidad mapuche y su definitivo empobrecimiento.
En la segunda década del siglo XX, los mapuche intentaron mejorar su situación participando activamente en la política nacional, sin lograrlo, por lo que su movimiento comienza a radicalizarse. En forma paralela, desde 1927 hasta 1968 y con mayor fuerza durante la dictadura, se intensificó la política de división de la propiedad con entrega de títulos privados de dominio, situación que solo agudizó la segregación y pobreza en la Araucanía.
El proceso de recuperación de la democracia trae por una parte el fenómeno de una reivindicación étnica y cultural del movimiento mapuche, y un intento de llegar a un acuerdo de nuevo trato, que materializó la Ley Indígena de 1993 y la creación de la Conadi. En este tiempo la educación de los jóvenes mapuche ha aumentado exponencialmente, con una mayor toma de conciencia, y la compra y traspaso de tierras supera el medio millón de hectáreas.
Pero en este mismo periodo también ha habido una importante expansión de las forestales y conflictos ambientales que impactaron negativamente el estilo de vida de los pueblos originarios que habitan la zona sur. Es el germen de la profundización del conflicto actual marcado por movilizaciones, actos de fuerza y represión estatal.
Las reclamaciones de los movimientos mapuche incluyen autogobierno, autonomía, autodeterminación, así como la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT. Y es lo que los sucesivos gobiernos no han logrado comprender ni resolver en forma pacífica y dialogante, recurriendo en cambio a medidas paternalistas o de militarización de la Araucanía, así como criminalizando a muchos de sus miembros. Ello ha derivado en que, en forma paralela, hayan surgido movimientos originarios que optan por la vía violenta, ante lo cual agricultores de la zona intentan soluciones por sus propias manos, situación que en nada ayuda a una salida dialogada del conflicto.
Como librepensadoras no podemos sino instar a la sociedad toda a involucrarse en el devenir de la sociedad mapuche. Todos los actores involucrados debemos contribuir a superar el conflicto mediante la reparación del daño histórico, el reconocimiento y el respeto mutuo, por la vía del diálogo. Es el clamor no solo de los movimientos mapuche, es el de la mayoría de la sociedad chilena, que en las manifestaciones masivas del último tiempo por una mayor equidad social ha enarbolado profusamente las banderas de los pueblos originarios.
Entendemos también que la responsabilidad primera para propiciar el encuentro es del Estado de Chile, el cual debe velar por la convivencia armónica de todos sus habitantes, acogiendo la legítima diversidad que debe existir entre sus ciudadanos. Los gobernantes y las élites deben llamarnos a un diálogo sin condiciones, para que aprendamos a escucharnos guiados según los principios humanistas del siglo XXI: integrando, involucrando, compartiendo liderazgos.
Por nuestra parte, las masonas, que hemos sabido de discriminaciones por nuestro género, nos comprometemos a trabajar por la construcción de una sociedad inclusiva en que todas y todos somos respetados y tengamos un rol que cumplir.
Gran Logia Femenina de Chile
Santiago, 20 de agosto 2020
