En Chile en los albores del siglo XX, un grupo de mujeres comenzaron a levantar las demandas por su emancipación. Sus luchas, se vincularon principalmente al sufragio femenino, el divorcio y las condiciones laborales. Este grupo se congregó en torno a centros femeninos y sindicatos, así, en 1913 las obreras forman los primeros centros femeninos en las salitreras.
En 1931, en las universidades se dio un movimiento que terminó creando la Asociación de Mujeres Universitaria, el Movimiento Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH-1935) y la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (1944). Si bien en 1877 se había firmado el Decreto Amunátegui que permitía el ingreso de las mujeres a la universidad, la presión social que recaía en las mujeres para que no estudiaran era muy fuerte lo que implicó que muy pocas llegaran a la universidad en esa época.
En los años que siguieron, las demandas femeninas giraron en torno a diversos temas relacionados con los derechos de las mujeres en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito reproductivo, continuando, además, con las demandas referidas a lo laboral y a las relaciones de poder en el matrimonio.
En las últimas semanas, ha habido una fuerte ola de reclamos feministas que se han manifestado en tomas, seminarios, marchas y columnas en los diarios, la que ha puesto en el debate nacional la relación de subordinación misma de la mujer en la cultura nacional. Así, al día de hoy, existen 26 universidades tomadas, hubo una marcha que movilizó a más de 50 mil mujeres solamente en Santiago, ha habido conversatorios en relación al tema del acoso y abuso en casi todas las universidades y está convocada otra marcha para el 1 de junio.
La llama que encendió la mecha de este movimiento fue una denuncia desatendida de un grupo de estudiantes y académicas acosadas o directamente abusadas en contextos educativos. Dicha denuncia no tuvo mayor repercusión en el acosador, lo que, junto a una difusión del tema por redes sociales, llevó a la emergencia de una ola de denuncias en todas las universidades del país. Lo anterior dejó en evidencia un problema pocas veces visibilizado por las consecuencias de la denuncia para las víctimas y la baja o nula sanción para el victimario, pero ampliamente conocido en las comunidades de las diversas universidades.
En este contexto, la Red de Investigadoras, (que agrupa a académicas e investigadoras, todas doctoras en diversas áreas del conocimiento), identificó un vacío en la ley, la inexistencia de un cuerpo legislativo que defina y sancione el acoso sexual dentro de las instituciones de educación superior, en aquellos casos donde existe dependencia jerárquica, pero no dependencia laboral.
Luego de un arduo trabajo del equipo jurídico de la red y de los asesores de varios senadores, se logró dar forma a un proyecto de ley de acoso en espacios académicos, y es así como el miércoles 16 de mayo la presidenta de la red Adriana Bastías y la socia Mónica Vargas, acompañaron a la senadora Ximena Órdenes (independiente), a presentar la propuesta en la Comisión de Educación. Es importante destacar que la presentación de la iniciativa fue poyada por un grupo transversal de parlamentarios: Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Ena Von Baer (UDI) y el presidente del Senado, Carlos Montes (PS).
Hoy, se está a la espera que el ejecutivo le ponga urgencia a la ley, de modo tal de contribuir a solucionar un sentido problema de la población femenina en educación superior.
MVA
